El nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional pactado entre el Gobierno y los sindicatos para hacer sostenible el sistema de pensiones no afectará a la creación de empleo pese a que la subida de las cotizaciones, de un 0,6% durante 10 años, afecta en su mayor parte a las empresas (aportarán un 0,5%, frente al 0,1% del trabajador). Además, permitirá volver a llenar la hucha de la Seguridad Social con hasta 50.000 millones de euros en 2032, una cifra cercana a los 67.000 que había en 2011 y muy superior a los 2.000 millones que hay en la actualidad.
Así lo aseguró este lunes ante los medios de comunicación el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que celebró el acuerdo alcanzado con los representantes de los trabajadores en la fecha límite que se marcaron para ello. La reforma del sistema de pensiones, que incluye la revalorización anual de las mismas según el Índice de Precios de Consumo (IPC), ya se está tramitando en el Congreso de los Diputados y este punto se añadirá vía enmienda para que el mecanismo se ponga en funcionamiento a partir de 2023. El nuevo mecanismo sustituirá al polémico factor de sostenibilidad instaurado por el PP en su reforma de las pensiones de 2013 que nunca llegó a entrar en funcionamiento por la oposición que generó. Este factor, que quedará derogado antes de fin de año, condicionaba la cuantía de las pensiones a la esperanza de vida.
El acuerdo entre Gobierno y sindicatos, no obstante, contó con el rechazo de los empresarios, que en la mañana de este lunes decidieron levantarse de la mesa de negociación. La CEOE alegó que la elevación de las cotizaciones un 0,6% durante una década podía “poner en riesgo la recuperación al erosionar la productividad y la competitividad de las empresas”. “No es el momento”, sentenciaron. Sin embargo, Escrivá no cree que ese riesgo sea real.
En su opinión, la subida acordada “es muy pequeña”. Además, insistió en que España “no tiene un problema de costes laborales” en relación con el PIB. “El coste laboral por hora trabajada”, dijo el ministro, “es de 21 euros y en Europa la media es de 26”. Tampoco se notará apenas para los trabajadores, pues según Escrivá, para una persona cuyo sueldo ronda los 2.000 euros supondrá una cotización mensual “que no llegará a los 12 euros, dos por parte del trabajador y diez por parte de la empresa”. El ministro, además, aseguró en que no entendía el rechazo de la CEOE, pues este mecanismo, a su parecer, estaba en el acuerdo al que llegó el Ejecutivo con sindicatos y empresarios el pasado 1 de julio.
Con todo, esta subida de las cotizaciones supondrá que la hucha de la Seguridad Social vuelva a llenarse hasta los 50.000 millones de euros. En 2011, llegó a contar con 67.000 millones, pero en la época de crisis económica se vació. En la actualidad cuenta con unos 2.000 millones de euros. “La situación del sistema será más manejable”, añadió Escrivá, que advirtió que, de no haber llegado a este acuerdo, los pensionistas podrían haber visto recortadas sus prestaciones en un 2% a partir de 2023, cuando las cuentas comenzarán a tensionarse por la jubilación masiva de la generación del 'baby boom'. En cambio, fuentes del Ministerio aseguraron que el acuerdo supondrá que no se recorten. Tanto PSOE como Unidas Podemos, miembros del Gobierno de coalición, insistieron este lunes en que ellos no recortarían las pensiones.
Una vez la situación se sanee en 2032 -si se cumplen las previsiones del Ejecutivo-, el responsable de Seguridad Social avanzó que el nuevo fondo de reserva “podrá retrotraerse” para, por ejemplo, subir las pensiones. Eso sí, lo que explicaron las mismas fuentes fue que ese dinero servirá también como "válvula de seguridad" del sistema "en el caso de que haya un desvío de la previsión de gasto en pensiones para 2050", año en el que se prevé mayor presión para el sistema.
Así, dentro de doce años el Gobierno deberá evaluar las previsiones de gasto de la Seguridad Social. Entonces, en función de la situación económica del sistema de pensiones, habrá dos opciones. El escenario más favorable se produciría si los informes de envejecimiento elaborados por la UE no detectaran una "desviación de la senda de gasto previsto" hasta 2050. En tal caso, el dinero recaudado en el fondo de reserva a través de esta subida de las cotizaciones se utilizaría "para reducir las cotizaciones sociales o mejorar la cuantía de las pensiones", explican fuentes de Seguridad Social.
No obstante, cabe la posibilidad de que estos informes elaborados por la Comisión Europea registren "una desviación de la previsión de gasto en pensiones en 2050 con respecto al informe de 2024", el que se empleará como referencia. Si ese fuera el caso, lo pactado por Gobierno y sindicatos es que el dinero extra recaudado por la subida de cotizaciones se vaya utilizando paulatinamente para cubrir ese aumento temporal de la inversión en pensiones sin tener que reducir la cuantía de las prestaciones.
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